El Código de Ética prevaleció en el oficialismo

Ampliar En el Pleno.  99 legisladores aprobaron el Código Penal, 93 fueron de Alianza País. Diego Pallero / EL COMERCIO TIEMPO DE LECTURA: 5' 22'' NO. DE PALABRAS: 877 PAÚL ZAMORA M.  REDACTOR Martes 15/10/2013 El enfado del presidente Rafael Correa ante la divergencia de opiniones en el bloque oficialista por el tema del aborto no fue la única presión que tuvieron que soportar los asambleístas que tenían una postura diferente a la del Ejecutivo. A esta se sumó que en las reuniones privadas que mantuvo esa bancada -con el objetivo de llegar a un consenso- se trajo a colación la vigencia de dos normativas disciplinarias internas. La primera es el Código de Ética firmado en el 2012 y que les obliga a los legisladores a "observar y cumplir las decisiones de las instancias de dirección del movimiento, procesar responsablemente las diferencias y matices. Privilegiar el interés general y respetar las decisiones mayoritarias". En el punto nueve de esta norma interna se establece que su 'incumplimiento' por parte de cualquiera de los asambleístas, "faculta a la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País a revocar el respectivo mandato". La segunda normativa tiene que ver con el marco estatutario del movimiento que en el artículo 14 considera entre los causales para la pérdida de la condición de miembro el "no compartir las definiciones básicas y las políticas que asuma el movimiento". Si bien el oficialismo contaba con estas reglas para regular la actuación de sus legisladores, fue con el llamado de atención del Presidente que su aplicación fue una posibilidad real la noche del pasado jueves. Finalmente, la votación que los legisladores del oficialismo ensayaron en la aprobación de los tres libros del Código Orgánico Integral Penal (COIP) la noche del domingo reflejó la eficacia de esas normas internas en su aplicación práctica. Esto a pesar de que en el tema del aborto hubo una división palpable: unos 20 legisladores respaldaban su despenalización en caso de violación y un grupo mayoritario de 80 establecía que la obligación del Estado era proteger la vida desde la concepción, en sintonía con el pensamiento del presidente Rafael Correa. Y que solamente se debía despenalizar en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre o si la mujer que sufrió violación sufre de alguna incapacidad mental. Entre los legisladores más visibles que defendían la despenalización de esta práctica estaban: Paola Pabón, Gina Godoy, Alejandra Vicuña, Soledad Vela, Soledad Buendía, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández, Marisol Peñafiel, Linda Machuca, Betty Carillo y María Augusta Calle. Sin embargo, todos ellos votaron a favor de los tres libros del Código Penal. Aunque en el caso de Pabón, Vela, Godoy y Vicuña actuaron sus alternos pues ellas están en una representación parlamentaria en México. El veto presidencial Legisladores de oposición expresaron la duda de ¿por qué el Presidente tuvo que amenazar a los oficialistas si pudo haber esperado para aplicar su capacidad de veto? Dentro del bloque verde se cuenta que fue necesario recurrir a estas normas disciplinarias no solamente para llegar a un consenso, sino también para garantizar la aprobación del COIP y cumplir con el calendario establecido. Los números son claros: para aprobar este Código Penal el oficialismo necesitaba al menos 91 votos. En ese instante, solamente 80 de los oficialistas apoyaban la norma tal como estaba redactada por lo cual no era suficiente para asegurar la norma. Esto incluso si los ocho legisladores aliados (cinco de Avanza y tres de provincia) los apoyaban con lo sumaban 88 voluntades. La moción de Pabón de que el tema del aborto se vote de manera individual fue una muestra que el voto dentro del oficialismo también estaba fragmentado. Tres legisladores que impulsaban la despenalización -quienes pidieron la reserva- sostienen que su postura sobre el tema se mantiene intacta pues comprometen principios. Cuentan más bien que su apoyo a la aprobación del COIP dentro del Pleno respondió a un acatamiento disciplinario. Para Marcela Aguiñaga, si un proyecto político compromete los principios "hay que hacer un paso al costado". Una posible sanción a los legisladores que se pronunciaron con una línea contraria fue descartado por la legisladora Ximena Ponce. Reconoció que lo sucedido debe ser visto como una lección. "Hay que procesar estos temas tan complejos en las instancias nacionales y no dejarlos únicamente en los espacios orgánicos del bloque", señaló. Se ratifica la urgencia La presidenta  (e) Rosana Alvarado dijo que el Pleno tenía que resolver lo atinente a tipos panales como terrorismo, lavado de activos, entre otros. Esto con el objetivo de notificar la resolución a la Procuraduría del Estado, a fin que se dé un mensaje claro al GAFI. "Si bien no vamos a salir de la lista de países no cooperantes, evitaremos que Ecuador sea sometido a sanciones económicas". Las organizaciones  de mujeres feministas rechazaron la política del oficialismo pues reemplaza el debate por la fidelidad al Ejecutivo. "La aprobación de este Código muestra otra vez que en el Ecuador no existe autonomía de poderes. La sumisión del bloque legislativo de Alianza País es vergonzosa".

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