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Una de las características en estos casi seis meses del nuevo período legislativo ha sido el poco uso que el Primer Mandatario ha dado a la figura del veto presidencial. Las cifras reflejan que desde el 14 de mayo del 2013 el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ocho leyes de las cuales solo dos recibieron un veto parcial, pero por temas de forma. Se trata de la Reforma a la Ley de Minería y la Reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública.
Este accionar se sustenta en el artículo 137 de la Constitución que otorga al Primer Mandatario la capacidad de colegislador y le permite introducir cambios en las normas fundamentadamente.
En esta línea, una de las estrategias que anunció la mayoría fue la estrecha relación que mantendría con el Ejecutivo. A más de impulsar su proyecto político, una de las metas era evitar momentos incómodos para los legisladores verdes como los ocurridos durante la administración de Fernando Cordero. Por ejemplo, Correa envió un veto total a la Ley de Inquilinato y la calificó de "mamotreto". En cambio en leyes como la Electoral aplicó modificaciones de fondo con el método de asignación de escaños. Y, en otras leyes como la Ley del Servicio Público, el veto del Jefe de Estado fue parte del entramado en los hechos suscitados el 30 de septiembre del 2010.
Esas eran otras condiciones: en este tiempo el oficialismo no era mayoría y por lo tanto no podía controlar los contenidos. Ahora, con 100 legisladores, las riendas de las normas las lleva Alianza País por lo cual se pretende evitar un reajuste de las leyes desde el Ejecutivo, precisamente para reflejar el grado de coordinación. Para ello se delegó a 12 legisladores y en las leyes como la de Comunicación mantuvieron una relación con el Ejecutivo. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hubo un quiebre.
Antes de su viaje a Europa el Presidente advirtió al bloque oficialista de que si no era capaz de corregir el COIP, en lo que respecta a la mala práctica médica, él lo hará.
Estas palabras tuvieron peso en el bloque oficialista que hará lo posible porque ese veto no se aplique con fuerza. Por ello, desde hoy el oficialismo emprenderá un nuevo análisis integral de la norma. Para ello, el bloque mayoritario creará comisiones para revisar capítulos específicos y detectar posibles fallas de forma o fondo. El propósito es que una vez que el oficialismo tenga la norma corregida dentro del bloque, propondrá la reconsideración de la votación en el Pleno. De este modo se reabrirá el debate y tendrán la oportunidad de ajustar el COIP y así evitar un veto fuerte desde Carondelet.
Para la legisladora Ximena Ponce las palabras del Primer Mandatario no constituyen una "advertencia" a los legisladores pues es una facultad que le otorga la Constitución. Reconoció que como asambleístas hacen los mayores esfuerzos para que los textos finales estén de acuerdo "con las diferentes perspectivas del Ejecutivo y Legislativo". A su colega de bancada, Virgilio Hernández, considera lógico que en la medida en que exista una mayoría del oficialismo, se disminuya la posibilidad del veto desde el Ejecutivo. Pero augura que a pesar de los esfuerzos legislativos para mejorar el COIP, sería difícil pensar que no habrá veto. La justificación de Hernández es que es una norma extensa y perfectible de mil artículos.
Desde la oposición persisten las críticas por la forma en la cual el oficialismo maneja el tema. Antes de la aprobación del COIP voces de minoría aseguraron que el debate no fue suficiente y que la norma fue aprobada al apuro. Uno de los más críticos fue Ramiro Aguilar (SUMA).
El legislador asegura que el Presidente es el causante del problema en el COIP pues presionó a los oficialistas para la aprobación de esta norma ante la presión del GAFI. Para este legislador hay dos opiniones: la primera es realizar un ajuste de toda la norma dentro de la Asamblea. La segunda es que el Presidente aplique un veto integral pues "más que una pincelada tendrá que volverlo a pintar" toda la normativa.
El COIP, vigente desde enero
La premura que hace 16 días proyectó el oficialismo por la aprobación de este Código Integral Penal quedó atrás. Del mismo modo, el discurso de que la ley fue debatida por dos años y que fue sociabilizada y consensuada con todos los sectores quedó en duda.
Ahora se manejan tiempos más relajados para la publicación de esta norma en el Registro Oficial. Según el calendario del oficialismo en la semana del 11 al 15 de noviembre se revisará de manera global los ajustes. Esto sucederá luego de analizar los resultados de los talleres que se darán dentro del bloque. En la tercera semana de noviembre arrancará el proceso de reconsideración de los temas planteados y el objetivo es que la norma sea aprobada integralmente hasta el 28 de noviembre. En diciembre el Ejecutivo analizará la aplicación de un posible veto.
Dentro del oficialismo se tiene como plazo enero del 2014 para analizar el posible veto. La norma entraría en vigencia desde la última semana de enero.
Las leyes y los vetos
Reforma a la Ley de Minería. En la objeción parcial el Presidente vetó dos artículos el uno relacionado con plazos para la regularización de esta actividad y otro de procedimiento.
Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: Correa hizo cinco observaciones a la normativa relacionadas a la adjudicación de contratos, la nómina de socios y los juicios de expropiación.
Seis normas aprobadas sin veto: Reforma a la Ley de Creación de La Concordia; Ley de Comunicación; Reforma al Código de la Función Judicial; Ley de la Función de Transparencia; Ley de Incentivos para el Sector Productivo y la Reforma a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras en Guayaquil.
Este accionar se sustenta en el artículo 137 de la Constitución que otorga al Primer Mandatario la capacidad de colegislador y le permite introducir cambios en las normas fundamentadamente.
En esta línea, una de las estrategias que anunció la mayoría fue la estrecha relación que mantendría con el Ejecutivo. A más de impulsar su proyecto político, una de las metas era evitar momentos incómodos para los legisladores verdes como los ocurridos durante la administración de Fernando Cordero. Por ejemplo, Correa envió un veto total a la Ley de Inquilinato y la calificó de "mamotreto". En cambio en leyes como la Electoral aplicó modificaciones de fondo con el método de asignación de escaños. Y, en otras leyes como la Ley del Servicio Público, el veto del Jefe de Estado fue parte del entramado en los hechos suscitados el 30 de septiembre del 2010.
Esas eran otras condiciones: en este tiempo el oficialismo no era mayoría y por lo tanto no podía controlar los contenidos. Ahora, con 100 legisladores, las riendas de las normas las lleva Alianza País por lo cual se pretende evitar un reajuste de las leyes desde el Ejecutivo, precisamente para reflejar el grado de coordinación. Para ello se delegó a 12 legisladores y en las leyes como la de Comunicación mantuvieron una relación con el Ejecutivo. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hubo un quiebre.
Antes de su viaje a Europa el Presidente advirtió al bloque oficialista de que si no era capaz de corregir el COIP, en lo que respecta a la mala práctica médica, él lo hará.
Estas palabras tuvieron peso en el bloque oficialista que hará lo posible porque ese veto no se aplique con fuerza. Por ello, desde hoy el oficialismo emprenderá un nuevo análisis integral de la norma. Para ello, el bloque mayoritario creará comisiones para revisar capítulos específicos y detectar posibles fallas de forma o fondo. El propósito es que una vez que el oficialismo tenga la norma corregida dentro del bloque, propondrá la reconsideración de la votación en el Pleno. De este modo se reabrirá el debate y tendrán la oportunidad de ajustar el COIP y así evitar un veto fuerte desde Carondelet.
Para la legisladora Ximena Ponce las palabras del Primer Mandatario no constituyen una "advertencia" a los legisladores pues es una facultad que le otorga la Constitución. Reconoció que como asambleístas hacen los mayores esfuerzos para que los textos finales estén de acuerdo "con las diferentes perspectivas del Ejecutivo y Legislativo". A su colega de bancada, Virgilio Hernández, considera lógico que en la medida en que exista una mayoría del oficialismo, se disminuya la posibilidad del veto desde el Ejecutivo. Pero augura que a pesar de los esfuerzos legislativos para mejorar el COIP, sería difícil pensar que no habrá veto. La justificación de Hernández es que es una norma extensa y perfectible de mil artículos.
Desde la oposición persisten las críticas por la forma en la cual el oficialismo maneja el tema. Antes de la aprobación del COIP voces de minoría aseguraron que el debate no fue suficiente y que la norma fue aprobada al apuro. Uno de los más críticos fue Ramiro Aguilar (SUMA).
El legislador asegura que el Presidente es el causante del problema en el COIP pues presionó a los oficialistas para la aprobación de esta norma ante la presión del GAFI. Para este legislador hay dos opiniones: la primera es realizar un ajuste de toda la norma dentro de la Asamblea. La segunda es que el Presidente aplique un veto integral pues "más que una pincelada tendrá que volverlo a pintar" toda la normativa.
El COIP, vigente desde enero
La premura que hace 16 días proyectó el oficialismo por la aprobación de este Código Integral Penal quedó atrás. Del mismo modo, el discurso de que la ley fue debatida por dos años y que fue sociabilizada y consensuada con todos los sectores quedó en duda.
Ahora se manejan tiempos más relajados para la publicación de esta norma en el Registro Oficial. Según el calendario del oficialismo en la semana del 11 al 15 de noviembre se revisará de manera global los ajustes. Esto sucederá luego de analizar los resultados de los talleres que se darán dentro del bloque. En la tercera semana de noviembre arrancará el proceso de reconsideración de los temas planteados y el objetivo es que la norma sea aprobada integralmente hasta el 28 de noviembre. En diciembre el Ejecutivo analizará la aplicación de un posible veto.
Dentro del oficialismo se tiene como plazo enero del 2014 para analizar el posible veto. La norma entraría en vigencia desde la última semana de enero.
Las leyes y los vetos
Reforma a la Ley de Minería. En la objeción parcial el Presidente vetó dos artículos el uno relacionado con plazos para la regularización de esta actividad y otro de procedimiento.
Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: Correa hizo cinco observaciones a la normativa relacionadas a la adjudicación de contratos, la nómina de socios y los juicios de expropiación.
Seis normas aprobadas sin veto: Reforma a la Ley de Creación de La Concordia; Ley de Comunicación; Reforma al Código de la Función Judicial; Ley de la Función de Transparencia; Ley de Incentivos para el Sector Productivo y la Reforma a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras en Guayaquil.
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