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Los 27 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CSJ) que fueron destituidos, en diciembre del 2004, durante la gestión del expresidente Lucio Gutiérrez se reunían casi todas las semanas para preparar su estrategia jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo era hacer respetar "la defensa de la institucionalidad" del Ecuador.
Así lo recordó ayer el ex magistrado Hugo Quintana, quien fuera presidente del CSJ en ese entonces y afirma que dirigió los trámites para protestar por la destitución.
El jurista, hoy de 78 años, relató que primero viajó una comitiva a Washington (Estados Unidos) para exponer su caso. También hicieron otras gestiones ante la CIDH en Costa Rica. Su argumento es que se violaron las garantías judiciales, el principio de legalidad y el derecho a la igualdad ante la ley.
Quintana se enteró ayer por la mañana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a su favor por el cese en funciones de los 27 magistrados de la CSJ por parte del Congreso Nacional. También se estableció que el órgano legislativo "era incompetente para dicha actuación y que no se había concedido a los magistrados la oportunidad de ser oídos antes de su cese".
El 8 de diciembre del 2004, el Congreso, en una sesión extraordinaria convocada por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, destituyó a los jueces. La remoción se dio bajo la interpretación de que los períodos de los magistrados habían fenecido.
En la misma sesión se eligió a nuevos magistrados para conformar la Corte Nacional, que estuvo presidida por Guillermo Castro, apodado 'Pichi'. Según los magistrados destituidos, quienes presentaron una demanda ante CIDH, el 24 de diciembre de ese mismo año, la mayoría de nuevos jueces pertenecía al Partido Roldosista.
Jaime Velasco, uno de los destituidos prefirió no pronunciarse sobre el fallo hasta revisarlo de forma íntegra, pero recalcó que el Congreso no tenía atribuciones para adoptar esa decisión.
A su juicio, el fallo de la CorteIDH marca un precedente para que esa clase de hechos no se repitan nuevamente en Ecuador.
Tras su salida de la Corte, él se dedicó al libre ejercicio profesional y a la cátedra universitaria. También recordó que otros compañeros jueces de la Corte fallecieron en los últimos nueve años. Ellos son Estuardo Hurtado y Milton Moreno.
El fallo de la CorteIDH reconoce que los magistrados deben ser reincoporados al Poder Judicial, si así lo desean, en un cargo similar al que desempeñaban con la misma remuneración, beneficios y rango equiparable a los que les correspondería a la fecha si no hubieran sido cesados.
"Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes", precisa el documento.
Otra sentencia también fue emitida el lunes por la CorteIDH. Esta es por el cese de los vocales del Tribunal Constitucional en noviembre del 2004. En ese hecho, la Corte determinó que el Congreso Nacional "no tenía competencia para el cese de los vocales" y que ellos no fueron notificados de la sesión en la que les destituyeron.
En este caso, el presidente Lucio Gutiérrez anunció el propósito del Gobierno de impulsar en el Congreso la reorganización del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral y la CSJ.
Por eso, el 25 de noviembre de 2004, el órgano legislativo, a través de una resolución, estableció que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados en forma ilegal en el 2003 y los cesó en sus funciones.
Como medida reparatoria, la CorteIDH ordena el pago de indemnización a los ex jueces. Para los magistrados de la entonces CSJ y para los ex vocales del Tribunal Constitucional el pago será de USD 60 000 por cada uno. En ambos casos debe pagarse máximo en un año después de notificada la sentencia.
Hugo Quintana señaló que el dinero no es lo importante en este caso, sino que se restituya el daño.
Plazos de publicación
El fallo de la CorteIDH señala que el Estado ecuatoriano tiene que publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación, el resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia cobertura nacional.
Además, la sentencia debe estar disponible completamente por el lapso de un año en un portal web de la Función Judicial del país. También pide que los afectados sean reincorporados al Poder Judicial, si lo desean, en un cargo de similares características.
60 000 dólares de reparación recibiría cada uno de los jueces destituidos en el 2004.
Así lo recordó ayer el ex magistrado Hugo Quintana, quien fuera presidente del CSJ en ese entonces y afirma que dirigió los trámites para protestar por la destitución.
El jurista, hoy de 78 años, relató que primero viajó una comitiva a Washington (Estados Unidos) para exponer su caso. También hicieron otras gestiones ante la CIDH en Costa Rica. Su argumento es que se violaron las garantías judiciales, el principio de legalidad y el derecho a la igualdad ante la ley.
Quintana se enteró ayer por la mañana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a su favor por el cese en funciones de los 27 magistrados de la CSJ por parte del Congreso Nacional. También se estableció que el órgano legislativo "era incompetente para dicha actuación y que no se había concedido a los magistrados la oportunidad de ser oídos antes de su cese".
El 8 de diciembre del 2004, el Congreso, en una sesión extraordinaria convocada por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, destituyó a los jueces. La remoción se dio bajo la interpretación de que los períodos de los magistrados habían fenecido.
En la misma sesión se eligió a nuevos magistrados para conformar la Corte Nacional, que estuvo presidida por Guillermo Castro, apodado 'Pichi'. Según los magistrados destituidos, quienes presentaron una demanda ante CIDH, el 24 de diciembre de ese mismo año, la mayoría de nuevos jueces pertenecía al Partido Roldosista.
Jaime Velasco, uno de los destituidos prefirió no pronunciarse sobre el fallo hasta revisarlo de forma íntegra, pero recalcó que el Congreso no tenía atribuciones para adoptar esa decisión.
A su juicio, el fallo de la CorteIDH marca un precedente para que esa clase de hechos no se repitan nuevamente en Ecuador.
Tras su salida de la Corte, él se dedicó al libre ejercicio profesional y a la cátedra universitaria. También recordó que otros compañeros jueces de la Corte fallecieron en los últimos nueve años. Ellos son Estuardo Hurtado y Milton Moreno.
El fallo de la CorteIDH reconoce que los magistrados deben ser reincoporados al Poder Judicial, si así lo desean, en un cargo similar al que desempeñaban con la misma remuneración, beneficios y rango equiparable a los que les correspondería a la fecha si no hubieran sido cesados.
"Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes", precisa el documento.
Otra sentencia también fue emitida el lunes por la CorteIDH. Esta es por el cese de los vocales del Tribunal Constitucional en noviembre del 2004. En ese hecho, la Corte determinó que el Congreso Nacional "no tenía competencia para el cese de los vocales" y que ellos no fueron notificados de la sesión en la que les destituyeron.
En este caso, el presidente Lucio Gutiérrez anunció el propósito del Gobierno de impulsar en el Congreso la reorganización del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral y la CSJ.
Por eso, el 25 de noviembre de 2004, el órgano legislativo, a través de una resolución, estableció que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados en forma ilegal en el 2003 y los cesó en sus funciones.
Como medida reparatoria, la CorteIDH ordena el pago de indemnización a los ex jueces. Para los magistrados de la entonces CSJ y para los ex vocales del Tribunal Constitucional el pago será de USD 60 000 por cada uno. En ambos casos debe pagarse máximo en un año después de notificada la sentencia.
Hugo Quintana señaló que el dinero no es lo importante en este caso, sino que se restituya el daño.
Plazos de publicación
El fallo de la CorteIDH señala que el Estado ecuatoriano tiene que publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación, el resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia cobertura nacional.
Además, la sentencia debe estar disponible completamente por el lapso de un año en un portal web de la Función Judicial del país. También pide que los afectados sean reincorporados al Poder Judicial, si lo desean, en un cargo de similares características.
60 000 dólares de reparación recibiría cada uno de los jueces destituidos en el 2004.
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